El Gobierno nacional avanzó con el decreto que promueve el uso de las divisas que están fuera del sistema y acelera con los cambios para presentar un proyecto de ley que permita blindar a quienes usen el dólar canuto.
Al respecto, Diego Fraga indicó a LM Neuquén que “las recientes medidas representan, en lo inmediato, un aflojamiento en los controles fiscales que durante más de una década asfixiaron a los contribuyentes”.
“Pero, para que este nuevo rumbo tenga credibilidad, es indispensable que los cambios se respalden con normas legales firmes que garanticen seguridad jurídica a quienes apuesten por esta nueva etapa”, explicó el socio de Expansion Business.
Y agregó que “desde 2012, y particularmente bajo la gestión de Echegaray en la AFIP, se instaló un sistema asfixiante de regímenes de información, que transformó a los privados en informantes gratuitos del fisco”.
Además, sostuvo que “el paquete anunciado busca desmantelar parte de este aparato, elevando los mínimos y eliminando controles innecesarios que hoy se activan ante operaciones irrelevantes, pero que suponen una intromisión injustificable en la vida privada”.
Por otra parte, ante la consulta con La Nación, explicó que “tal vez arman todo de una forma tal que nunca puedan agarrar al contribuyente, pero esto no es un blanqueo porque no es una ley que condona impuestos, intereses y multas”.
“Se le quitan herramientas al fisco para que pueda avanzar sobre los contribuyentes, por lo menos por un plazo, aunque todo apunta a que al final van a sacar una ley convalidando todo”, añadió.
Por último, apuntó a la alternativa es acortar los plazos de prescripción, que -tal como explicó a El Cronista, son “el tiempo en el cual el fisco puede reclamar una deuda” por impuestos nacionales impagos.
El período general vigente para estas obligaciones es de 5 años, aunque tiende a extenderse hasta tres años más por la forma en que se computan las deudas y por leyes que suspenden los plazos de prescripción.
Por este motivo, concluyó que “acortarlo a dos años permitiría que, si hay un cambio de Gobierno y da vuelta las medidas, vencería el plazo en el que se podría reclamar” lo originado por los cambios que entran en vigencia.
