La espuma del anuncio (y la publicación del decreto que introdujo algunos cambios) sobre las medidas para que se puedan utilizar los dólares que están fuera del sistema ya está bajando.
Sin embargo, pese a que pasó más de una semana, la Unidad de Información Financiera (UIF) todavía no reglamentó ningún cambio en materia de prevención del lavado de dinero y el Gobierno tampoco dio a conocer detalles de la propuesta que llevará al Congreso.
En este escenario, Diego Fraga sostuvo en declaraciones a El Cronista que “la demora en la publicación de los cambios de la UIF genera un desfase entre el discurso oficial y la operativa bancaria”.
Además, aclaró que “se había anunciado un giro hacia un enfoque basado en riesgo -dejando atrás el esquema rígido de pedir papeles a todos por igual-, pero esto aún no se instrumentó”.
“Tampoco ayuda que aún no se conozcan los lineamientos de la nueva ley, que debería dar mayor seguridad jurídica a quienes analizan entrar al nuevo esquema. Sin definiciones concretas, el capital espera y el plan del Gobierno se ralentiza”, añadió.
Por otra parte, hizo hincapié en los huecos que genera no tener el plan en marcha en un 100%. “Todo esto genera mucha inseguridad jurídica y todavía faltan muchos detalles para conocerse de los anuncios”, sostuvo a iProfesional.
Por último, en declaraciones a Infobae, el socio de Expansion Business remarcó que “las posibilidades son muy diversas” a la hora de arriesgar los cambios que podría contener la iniciativa parlamentaria que prepara el Gobierno para blindar a quienes usen sus dólares.
En este escenario, planteó que un enfoque posible sería incorporar una norma que condone impuestos, accesorios y sanciones penales a quienes exterioricen activos mediante la adquisición de bienes o servicios durante un período determinado y con ciertos topes.
“De esa manera solucionan el tema penal”, afirmó, y propuso además otorgar un carácter promocional al régimen, en el que el Estado acuerde con el ciudadano no interferir fiscalmente sobre esa regularización.
Para eso, sugirió acotar la prescripción a una fecha concreta: “Se podrían poner fechas también al último día del Gobierno de Milei. No me dan los números si se le pone dos años”.
