Las cartas están jugadas. El Gobierno nacional avanzó con todo en las medidas que buscan que los argentinos utilicen los dólares que están fuera del sistema y ahora busca el apoyo de las provincias.
En este escenario, Diego Fraga, socio de Expansion Business, opinó que el esquema puede generar “tensiones políticas” y hasta un “intento de judicialización” por parte de algunas provincias. Sin embargo, sostuvo que esto es “inviable”.
“Lo que se busca es permitir que esos dólares -que ya están fuera del circuito formal- se vuelquen a la economía. No son fondos que hoy estén tributando. Si siguen vigentes los controles orwellianos de ARCA, directamente no se usarían, y con eso pierden todos: Nación y provincias”, indicó a El Cronista.
A pesar de ello, advirtió que “para que el plan sea creíble y tenga seguridad jurídica, debe pasar por el Congreso” y remarcó que “ahí sí será necesario el apoyo de legisladores provinciales, incluso de aquellos que hoy se muestran críticos”.
“Si no hay ley, todo dependerá de resoluciones administrativas o tolerancias informales, con el riesgo de que no haya masa crítica para que funcione”, consideró y recordó que las provincias cuentan con autonomía tributaria en la Constitución.
En este sentido, señaló que “pueden establecer sus propios impuestos, fiscalizar y perseguir deudas locales, y también decidir cómo actuar frente a regímenes de alivio o blanqueo que impulse la Nación”.
Sin embargo, al tener la información disponible en ARCA Nación podría condicionar el flujo de información para dificultarle el trabajo a los órganos locales. De ahí que los gobernadores quieren sentarse a negociar.
En este sentido, es importante remarcar que las provincias con mayor peso tributario son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Por ello, sería crucial que todos estos distritos se plieguen a la medida.
“Pueden, en los hechos, condicionar la implementación práctica del plan en sus territorios. Pueden tensionar o demorar la implementación, pero si el régimen se encuadra dentro de una ley nacional votada por el Congreso, la presión institucional sobre las provincias será mucho mayor”, concluyó.
